El Valor de Alzar la Voz: Justicia en la Lucha contra el Acoso Laboral

En la historia que nos trae la sentencia T-141 de 2024 de la Corte Constitucional, encontramos una trabajadora que dedicó más de una década a su trabajo en una universidad muy reconocida. Su esfuerzo y compromiso se reflejaron en sus excelentes evaluaciones de desempeño. Pero todo se derrumbó en 2022, cuando tuvo el valor de denunciar a su jefe por acoso laboral, tras su apoyo a una colega que, valientemente, había denunciado las mismas conductas abusivas.

Sin embargo, el comité de convivencia laboral de la universidad decidió ignorar la denuncia y, como si de un guion de mala película se tratara, al final del año, se optó por no renovar su contrato. ¿Coincidencia? nuestra protagonista, decidida a luchar por sus derechos, interpuso una acción de tutela.

La Corte Constitucional, al analizar el caso, se encontró en una encrucijada: no pudo determinar si efectivamente la accionante había sido víctima de acoso. Pero sí señaló que su situación encajaba en un patrón de "violencia de segundo orden" – esa que se ejerce contra quienes apoyan a las víctimas. El alto Tribunal no se quedó de brazos cruzados y ordenó al Ministerio del Trabajo que realizara un estudio con enfoque de género.

Así mismo, la decisión de no renovar el contrato fue vista por la Corte como una clara retaliación y, aunque no se pudo confirmar el acoso, lo que sí quedó claro es que la trabajadora padeció un trato menos favorable por haber tenido el valor de alzar la voz. Así que, en un giro de justicia, ordenó su reintegro y el pago de salarios y prestaciones sociales que se le debían.

Y no solo eso; la Corte también exigió a la universidad hacer un diagnóstico del ambiente laboral con enfoque de género y poner en marcha un protocolo para atender denuncias de acoso. Porque, a fin de cuentas, un entorno laboral seguro no solo es un derecho, ¡sino una necesidad! Aquí queda claro: el silencio no es una opción y la solidaridad tampoco debería costar una carrera.